IUC y PVC ejemplifican la discrepancia sobre los sueldos para la oposición.
La formación de izquierdas pedirá la retirada de la medida y los ecologistas la creen acertada.
La reciente aprobación inicial del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se ha convertido en terreno abonado a la polémica y la discrepancia, las críticas, pero también los apoyos. El motivo de tan diferentes puntos de vista se halla en una disposición adicional que establece una retribución de 14 pagas de 3.600 euros brutos al año para un edil de cada grupo de la oposición. Tanto es así que ayer este periódico consultó a los portavoces de dos formaciones políticas que carecen de presencia en la corporación, Izquierda Unida Canaria (IUC) y Partido Verde Canario (PVC), y ambos evaluaron la medida de forma bien dispar.
En el lado crítico, Jonás González, coordinador local de IUC, manifestó de entrada su "extrañeza" por el hecho de que la citada retribución no apareciera recogida hasta ahora en este proyecto de normativa, que ya fue objeto de una primera aprobación inicial el pasado mes de junio "y que IUC ha estudiado en profundidad". "Estamos en completo desacuerdo con esta medida -subrayó González-, y no entendemos cómo la alcaldesa Lola Padrón (PSOE) la ha justificado incluso equiparándola con el caso de un funcionario que es liberado de su trabajo para hacer una oposición. El hecho de que las cosas se hagan mal en otros lugares e instancias -agregó el portavoz-, no es razón para que en nuestra ciudad se pueda actuar de la misma forma".
De la misma manera, e independientemente de que se trate de cantidades brutas o netas, Jonás González puso de manifiesto que, de salir adelante la disposición, lo cierto será que cada sueldo de los dos ediles -uno por cada partido de la oposición- "costará a los portuenses 4.200 euros al mes. Esto supone, en definitiva -recalcó el coordinador local de IUC-, desconectar la realidad de la política en unos momentos de crisis económica generalizada; además de contribuir -apostilló- al desencanto de la ciudadanía portuense hacia la clase política y a que, por ejemplo, se incremente el alto nivel de abstención que se produce en la ciudad durante la cita con las urnas".
El coordinador local de Izquierda Unida Canaria adelantó que su partido tiene previsto presentar alegaciones al Reglamento Orgánico Municipal, donde solicitará que se elimine este artículo que, reiteró, en su formación no entienden "cuál ha sido el proceso por el que se le ha agregado".
González tampoco pasa por alto el momento en que se produce esta aprobación inicial por unanimidad del ROM, justo cuando se oficializa la ruptura del pacto de gobierno entre PSOE y PP, y los socialistas pasan a gobernar en minoría. "Parece como si este gobierno minoritario quisiera garantizarse la estabilidad mediante estas retribuciones y no a través del diálogo", apuntó. "¿Por qué a una persona como Eva Navarro (PP), que sale del gobierno por su mala gestión y su incapacidad, se la premia ahora con esta asignación?", agregó el portavoz de IUC.
De signo muy contrario a la postura de Izquierda Unida Canaria (IUC) es lo que manifestó ayer a DIARIO DE AVISOS José Ramón Carrillo, el portavoz del Partido Verde Canario (PVC) en la ciudad de Puerto de la Cruz. Carrillo considera que esta iniciativa adoptada el pasado lunes en sesión plenaria resulta "muy interesante para que quienes no gobiernan puedan ejercer su labor de fiscalización y control del Ejecutivo local con una eficacia mayor".
A juicio del representante de los ecologistas, un concejal "liberado" de la oposición podrá llevar a cabo su trabajo de forma mucho más práctica y ágil, ya que su dedicación exclusiva al Consistorio le posibilitará estar mejor informado, trabajar mejor y transmitir a sus compañeros cuantas cuestiones de interés para el municipio se generen en la Administración local. "Esto, obviamente -apostilló el portavoz del PVC-, permitirá un funcionamiento más adecuado en las diferentes comisiones informativas, así como en las sesiones plenarias de la institución".
"Otra cosa muy distinta -matizó José Ramón Carrillo- es evaluar si la cuantía económica de estas asignaciones previstas por el Ayuntamiento portuense resulta elevada o no". "De manera general -agregó-, siempre he creído que las cantidades que reciben nuestros políticos son demasiado altas, pero eso sería otro elemento para debatir, muy diferente de la fórmula que se quiere aplicar que, insisto, me parece apropiada".