IUC aboga por la refundación democrática y republicana del Estado

Izquierda Unida Canaria afirma que hoy es más necesaria que nunca la refundación democrática y republicana del Estado. Según IUC, “hoy no sólo conmemoramos el nacimiento de la Segunda República, sino que, sobre todo, propugnamos la necesidad de la Tercera República”.

Para IUC, el reciente rechazo del Congreso de los Diputados a reformar la ley electoral ejemplifica la degradación democrática en que estamos sumidos. Nuestra ley electoral recoge el Decreto de 1977 que, según un reciente informe al Consejo de Estado, es una concesión “al ala dura del franquismo”. En 2010, señala IUC, se ha decidido mantener una legislación electoral filofranquista y tramposa, que favorece la interferencia del poder del dinero en la política y, en consecuencia, la corrupción.

IUC considera que “nuestra precaria cultura democrática expresa su precariedad en la incapacidad para juzgar los crímenes del franquismo, al tiempo que sí se procesa al juez que intenta juzgar tales crímenes”. Asimismo, “tampoco tiene equivalente en la Europa democrática el hecho de que el jefe del Estado no pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano y, sin embargo, sí se juzgue y condene a quienes lo han acusado de haberse enriquecido y de haber recibido regalos de empresarios, inaceptables para cualquier otro político.

IUC rechaza que la jefatura del Estado se herede como una finca y que, al heredarse, se discrimine a las mujeres. En democracia, toda persona debe poder elegir y ser elegida para cualquier cargo y, por lo tanto, la monarquía implica un déficit democrático por el solo hecho de existir.

En suma, IUC hace un llamamiento en pos de la refundación democrática y republicana del Estado para que el voto de todos los ciudadanos valga igual, para que no se herede la representación de la ciudadanía, para que no se persiga al juez que investigue crímenes de la dictadura, para que los corruptos vayan a la cárcel y no a liderar líderes políticos e instituciones, para converger en gasto social con la Unión Europea y para poner la economía al servicio de la satisfacción de los derechos básicos de la ciudadanía.