IUC pide la retirada de la ordenanza de convivencia impulsada por CC-PP

La formación de izquierdas lamenta que la “cruzada” del gobierno municipal vaya contra los pobres y no contra la pobreza.

Izquierda Unida Canaria (IUC) del Puerto de la Cruz solicita la retirada de la ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana impulsada por el grupo de gobierno (CC-PP), debido a su carácter excluyente, represivo, retrógrado y clasista, y al déficit democrático en su proceso de elaboración, al no haberse buscado el consenso social necesario.

A juicio de la formación de izquierdas, el proyecto de ordenanza, actualmente en periodo de exposición pública tras haber sido aprobada inicialmente, refleja una visión de la sociedad profundamente conservadora que criminaliza las marginalidades sociales y justifica que se limpien las calles de colectivos considerados molestos, como prostitutas, mendigos y, en general, todas las personas que se buscan la vida para sobrevivir. IUC lamenta la poca sensibilidad del grupo de gobierno, que pretende sancionar a las personas más necesitadas en lugar de ayudarlas, en una suerte de cruzada que se dirige contra los pobres y no contra la pobreza. En este sentido, denuncia que la ordenanza favorece la desresponsabilización de la administración municipal respecto a las causas y la resolución de los problemas sociales, al actuar exclusivamente sobre algunas de sus consecuencias más visibles y desde una perspectiva principalmente punitiva.

El coordinador local de IUC, Jonás González, considera que “hay un uso excesivo y desproporcionado de la potestad sancionadora” y que “se intenta regular un concepto tan amplio como el de la convivencia ciudadana, lleno de complejidades y matices, por medio de la prohibición y la multa”. Para González, una ordenanza de este tipo “debe huir de restricciones gratuitas, particularmente las basadas en prejuicios morales, y tratar de garantizar, por encima de todo, la libertad individual”. Por el contrario, explica, esta norma “puede vulnerar derechos constitucionales básicos”, ya que, por ejemplo, “limita la libre expresión a través de carteles y folletos, y da pie a que se pueda restringir la celebración de actos públicos”. En este sentido, la ordenanza “parece más de conveniencia que de convivencia”, ya que “aísla a los grupos sociales y políticos que tienen que utilizan la calle para transmitir sus propuestas al no tener acceso a los grandes medios de comunicación”.

González asegura que su formación comparte la necesidad de regular el uso del espacio público para preservarlo como lugar de convivencia y civismo, pero que se opone frontalmente a la forma en que se ha abordado esa regulación. Así, señala que la redacción de una ordenanza de este calado debe estar precedida de un debate ciudadano amplio y sosegado, alejado del alarmismo social y de presiones interesadas, que favorezca la participación ciudadana y permita alcanzar un alto grado de consenso.

A su vez, la formación de izquierdas denuncia las contradicciones de la ordenanza, que limita la pegada de carteles o la práctica del skate a los lugares habilitados, cuando no existe ni uno solo en todo el municipio. En el caso de las necesidades fisiológicas, también se remite a los sitios específicamente destinados a ello, cuando sólo hay dos y ambos en el centro del municipio. Asimismo, en numerosos apartados hay una preocupante inconcreción de las conductas prohibidas, que puede extender peligrosamente los poderes de la policía y provocar actuaciones arbitrarias. El colmo del absurdo es, no obstante, el catálogo de sanciones: si un niño o una niña, que tienen menos capacidad de aguante, realiza sus necesidades fisiológicas en la calle, podrá recibir una multa de hasta 750 euros; un mendigo que ofrezca bienes o servicios en la calle también podrá ser penalizado con 750 euros; el ejercicio de la prostitución, que tiene un trasfondo de género y de clase (la ejercen mujeres pobres, en su inmensa mayoría) será multada con un mínimo de 750 euros y un máximo de 1.500 euros; si acampas en la playa el día de San Juan, la ordenanza ampara a la policía local para sancionarte con 750 euros; si das un portazo o tienes la música alta después de las 22 horas también te podrán multar con 750 euros.

Finalmente, el coordinador local de Izquierda Unida hace un llamamiento a todos los colectivos sociales, culturales y juveniles, a las organizaciones sindicales y a las ONG para hacer un frente común en contra de la ordenanza y propiciar que se inicie un proceso verdaderamente participativo en el que las medidas orientadas a garantizar la convivencia las decidamos colectivamente.