IUC dice que el Plan General "descataloga" vecinos y llama a la movilización este lunes día 4

Izquierda Unida Canaria (IUC) afirma que el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife “descataloga” a decenas de miles de vecinos que, al perder patrimonio sin ser compensados, ven rebajado su estatus de ciudadanía. Si se aprueba el Plan, con el paso de los años, los ciudadanos de Santa Cruz irán perdiendo cientos de millones de euros, mientras que unos pocos empresarios multiplicarán sus fortunas. La descatalogación de facto de los vecinos, como sujetos de una ciudadanía plena, va paralela a la descatalogación de especies naturales que planea el Ejecutivo regional y, en ambos casos, el objetivo es enriquecer a los empresarios favorecidos por Coalición Canaria y Partido Popular a costa del patrimonio privado y público ajeno.

IUC recuerda que el gobierno municipal mintió cuando afirmó que los ciudadanos que quedaban fuera de ordenación eran sólo unos pocos y se trataba de “errores”. Luego reconoció el carácter masivo de los “errores” y trató de justificarlos. El Ayuntamiento pretendió que estar fuera de ordenación no tiene consecuencias prácticas en el valor de una edificación, pese a que el Real Decreto 2/2008 establece que, en la valoración de edificaciones, se tendrá en cuenta que “si han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil”. También el Real Decreto 716/2009 excluye como bienes admisibles, para garantía de préstamos y créditos hipotecarios, “los edificios e instalaciones situadas fuera de ordenación urbana”. Además, están apareciendo más y más presuntas ilegalidades que, tras la aprobación del Plan, generarán posiblemente pagos a empresarios de millones de euros de dinero público, en concepto de lucro cesante, una vez que se dicten sentencias adversas.

Para IUC, es el momento de acudir a la protesta convocada para este lunes, a las 9:30 horas de la mañana, ante el Ayuntamiento. El objetivo es parar la aprobación del Plan hasta que se conozca el número exacto de afectados, las compensaciones previstas y las razones de los “premios” en derechos edificatorios a ex presidentes del Gobierno de Canarias y otros empresarios. En suma, hay que parar la aprobación del Plan hasta que sea sometido a un procedimiento democrático. La protesta vecinal del pasado día 29 demostró que, si el lunes acuden miles de ciudadanos, el Ayuntamiento no se atreverá a aprobar el Plan.