Anticorrupción imputa a doce concejales de La Orotava por denuncia de IUC-LV

La Fiscalía Anticorrupción ha imputado a los 12 concejales del grupo de gobierno de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de La Orotava por un presunto delito de malversación de fondos públicos, según confirmó a Europa Press el edil de Izquierda Unida, Francisco Baute.

Los hechos denunciados por la coalición IUC-LV, se refieren a los reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por el gobierno local desde 2003 hasta 2008, tal como adelantó el diario La Opinión de Tenerife. En esta línea, el concejal Francisco Baute aclaró que el reconocimiento extrajudicial de crédito es una figura legal de la que "debe hacerse uso, no abuso". El edil de IUC reconoció haber apoyado reconocimientos extrajudiciales de crédito puntuales para sacar adelante proyectos necesarios para la ciudadanía.

IUC-LV denuncia que la mayor parte de los reconocimientos de crédito se realizaron con informes negativos de Intervención y favoreciendo a empresas determinadas, "con una disposición manifiesta y conscientemente ilegal de fondos públicos y su utilización para fines electoralistas y clientelares".

Por otra parte, fuentes municipales informaron a Europa Press de que el grupo de gobierno tuvo conocimiento de la imputación la semana pasada cuando recibieron las citaciones al respecto del Juzgado de Instrucción número 4 de La Orotava. Los ediles debían acudir de tres en tres a las dependencias judiciales a finales de enero, una citación ha sido pospuesta.

Sobre la imputación, el grupo de gobierno recalca que los reconocimientos extrajudiciales de crédito son una herramienta que contempla la ley y que han sido aprobados en varios casos, subrayan las mismas fuentes, por unanimidad. Los miembros del equipo de gobierno están "tranquilos" y hacen hincapié en que desde 2003 a 2008 se han remitido, como es habitual, la documentación sobre las cuentas de la Corporación a la Subdelegación del Gobierno y a la Audiencia de Cuentas.

Las fuentes consultadas aclaran que en junio la Fiscalía solicitó la documentación correspondiente al periodo 2003-2008 que fue entregada a la mayor brevedad posible.