Artículo de Ramón Trujillo, coordinador insular de IUC Tenerife, en "Rebelión"

La crisis económica está siendo utilizada para provocar un cambio socialmente regresivo en nuestro modelo económico. Tal cambio se apoya en una peculiar crisis fiscal y en un desmesurado aumento del desempleo. Esto da pie a plantear el adelgazamiento del sector público y retrocesos en derechos laborales y pensiones. Se nos está haciendo creer que la reducción de la actividad económica provocada por la crisis ha generado, a su vez, una importante caída de los ingresos fiscales que, antes o después, va a inducir el inevitable recorte del gasto público exigido por el creciente déficit del Estado. Tal recorte del gasto público repercutirá negativamente en los servicios del Estado del bienestar (sanidad, educación, dependencia...) y en la calidad y cantidad del empleo público. Y, aprovechando aún más las oportunidades que la crisis brinda a la derecha económica, se nos advierte que, si queremos crear empleo, hace falta una reforma laboral que debilite la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores fijos. También convendría, según la vicepresidenta Elena Salgado, retrasar la edad de jubilación para así asegurar la sostenibilidad de las pensiones.

En 2008, los treinta estados más ricos del mundo agrupados en la OCDE vieron una caída de sus ingresos fiscales equivalente al 0.6% del PIB. Por su parte, España experimentó la segunda mayor caída de ingresos fiscales en la OCDE, equivalente a más del 4% de su PIB. Y esto fue un harakiri fiscal porque el PIB español no disminuyó en 2008 (pasó de 1.050.595 millones de euros, en 2007, a 1.095.163 millones). Según Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, las rebajas fiscales de 2007 y 2008 redujeron los ingresos de las arcas públicas en 19.540 millones de euros, que se añadieron a otros 30.000 millones que debieron haberse recaudado. De hecho, Gestha ha formulado propuestas muy razonables para recuperar una parte de los más de 80.000 millones de euros, que se dejan de recaudar anualmente, a causa del fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Se trata de cantidades superiores a todo el déficit actual. En 2009, el PIB sí ha caído y se ha terminado el año con un déficit que ronda el 9.5% del PIB, ocasionado por los recortes fiscales y la debilidad de la lucha contra el fraude. Esto ha permitido al secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, cifrar entre 20.000 y 30.000 millones de euros el recorte del gasto público necesario, en los próximos tres años, para reducir el déficit al 3% exigido por la Unión Europea (UE). La jugada de la derecha económica es magistral: se ha provocado una crisis fiscal que reduce la capacidad redistributiva del Estado, consolida el atraso fiscal español en la UE y afianza uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE (20.8% del PIB español, frente a 27.2% en la UE).

Una vez que nos han hecho creer que la mengua de los recursos del Estado se debe a la crisis -y no al modelo de política económica consensuado por PSOE y PP-, se nos alecciona para que asumamos un retroceso en los derechos laborales como requisito para reducir el desempleo. Así, la vicepresidenta Elena Salgado dispara contra la negociación colectiva proclamando que “los convenios deben ser capaces de realizar una adaptación en cada empresa a las condiciones económicas de cada momento”. “El ajuste”, añade Salgado, “no puede ser en términos de paro y más paro: debe incluir la posibilidad de variar las horas de trabajo” e incluso los salarios. Ya había advertido antes el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, que “una reducción del salario real de los que trabajan”, ayudaría a solucionar el desempleo.

En plena consonancia con lo anterior, la sabiduría convencional de los economistas nos enseña que no es sólo el Estado español el que vive por encima de sus posibilidades, sino que también viven por encima de sus posibilidades los trabajadores españoles. Y ello pese a que el salario medio de los españoles es un 34% inferior al de los europeos, nos jubilamos más tarde, tenemos menos vacaciones pagadas, más siniestralidad laboral y más horas de trabajo. Nuestra tasa de empleo temporal duplica la europea y produce un gran deterioro de las condiciones de vida. Pues el trabajo temporal supone menos salario, más riesgos laborales, menos capacidad reivindicativa, ausencia de formación continua e, incluso, menor número de hijos. La sabiduría convencional de los economistas explica el elevado desempleo español por los privilegios de los trabajadores fijos. De modo que, si queremos crear empleo, basta con mejorar un poco las condiciones de los trabajadores temporales y empeorar un poco más las de los fijos. Es decir, se trataría más de enfermar al sano que de curar al enfermo. Ante esto, uno se siente como el rey del cuento de Khalil Gibran, considerado loco por sus súbditos, después de que bebieron una pócima maldita diluida en el agua de la ciudad. Cuando el rey bebió de la misma agua también enloqueció y los súbditos se alegraron porque había recobrado la cordura. La pócima ideológica neoliberal, cocinada por PSOE, PP y los filántropos de los poderes económicos, pretende alistarnos en la cruzada neoliberal para adelgazar el Estado del bienestar, reducir los derechos laborales y las pensiones. Nos dicen que, en 2050, serán inasumibles unas pensiones públicas que representen el 15.7% del PIB (aunque hoy ya suponen el 13.2% del PIB en Austria y el 12.9% en Italia) y que hay que trabajar más años y reducir la cuantía de las pensiones para que sean sostenibles. Pero esta amenaza del Apocalipsis del Jubilado oculta que hoy nos gastamos un 7.9% del PIB en nuestros mayores, cuando la UE se gasta el 10.9%. Tenemos una incorregible propensión a ponerle a la insolidaridad social el disfraz de la responsabilidad económica. En suma, a medio plazo afrontaremos, por una parte, el éxito estadístico de la vuelta del PIB a la senda del crecimiento y, por otra, el fracaso social que supondrán los recortes laborales, el empeoramiento de las jubilaciones y la mengua en la capacidad redistributiva del Estado. Esto será lo que ocurra si seguimos sin cuestionar el profundo conservadurismo del modelo económico PSOE-PP y si seguimos considerando que las cosas, además de ser como son, también serán como son.