Cayo Lara inicia su ronda de contactos con todos los partidos para impulsar “la reforma de una ley electoral antidemocrática y profundamente injusta”

El coordinador federal de IU celebra su primera reunión con la diputada de UPyD, Rosa Díez, a las que seguirán otras con los máximos dirigentes de ERC, CiU y NaBai.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, inició hoy su ronda de reuniones con los máximos dirigentes de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria para impulsar la histórica reivindicación de IU desde 1986 de reformar la Ley Electoral, una norma que califica como “antidemocrática, profundamente injusta y limitadora de los derechos y libertades de los ciudadanos”. Lara se ha entrevistado en la sede federal de IU por espacio de una hora con la diputada de UPyD, Rosa Díez, primer encuentro al que le sucederán otros con ERC, CiU y NaBai. Los dirigentes de estas formaciones han respondido ya afirmativamente a la carta en la que invitaba a todos los partidos a intercambiar puntos de vista sobre esta cuestión.

En la valoración realizada al término de la entrevista, Cayo Lara hizo una detallada explicación de cómo Izquierda Unida es la fuerza política que se ve más negativamente afectada por la Ley Electoral vigente, una norma que “sólo beneficia a los dos grandes partidos nacionales -PSOE y PP- que, además, resultan ser los mayores enemigos para que se lleve a cabo su reforma”. Destacó que a IU no le mueve un “interés partidista, sino de defensa de calidad de la democracia”.

El máximo dirigente de IU puntualizó que esta ley “está hecha para fomentar el bipartidismo político y que no tenga cabida ninguna otra fuerza política de ámbito estatal que las dos principales. Esto, que venimos arrastrando desde la transición, se ideo para reducir la representación provincial del PCE, pero luego ha afectado a otras formaciones como el CDS, la propia IU o desde hace poco a UPyD”.

Cayo Lara ilustró la “clara limitación de la igualdad de los electores al depositar su voto” con el ejemplo del distinto valor de éste dependiendo del lugar desde donde se emita. Así, “un escaño cuesta unos 57.000 votos en Palencia y alrededor de 170.000 en Madrid”, detalló.

Además de la falta de igualdad, el coordinador federal ejemplificó también la “injusticia que supone esta ley al consagrar que a los dos grandes partidos les cueste conseguir un escaño cerca de 66.000 votos, mientras que IU necesita cerca de 485.000 para lograrlo. Supone que un voto de un simpatizante nuestro valga siete veces menos que el de otro del PSOE o el PP”.

“Esto –explicó- significa nada más y nada menos que un robo de los escaños. Los 12 escaños que nos faltan están ocupados ahora por diputados del PSOE y del PP, ya que si existiese de verdad una ley electoral proporcional IU tendría 14 escaños. Esto nos permitiría pasar de ser una fuerza influyente a una decisiva, ya que otro gallo cantaría si tuviéramos la representación que PSOE y PP nos niegan y nos roban”.

En su opinión, de haberse producido esta reforma hace tiempo podría haberse propiciado que España se estructurase hoy de otra forma, que la vertebración política y social fuese distinta, o que se practicasen políticas fiscales y sociales diferentes.

Cayo Lara se paró también a desgranar el informe emitido por el Consejo de Estado, tras el encargo de la elaboración del mismo por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para ayudar a orientar esta reforma. Se felicitó de que en sus cerca de 350 páginas “recoja en un 80% las reivindicaciones históricas que viene planteando Izquierda Unida”. De igual forma, lamentó que el PSOE no haya querido pronunciarse de forma concreta sobre las propuestas de este trabajo y que no lo haya tenido en cuenta hasta el momento en la labor que se viene realizando en la subcomisión parlamentaria para la reforma electoral, encuadrada dentro de la Comisión Constitucional del Congreso.
“Ya no nos pueden decir que lo decimos o lo planteamos nosotros solos –indicó Lara- lo advierte también el Consejo de Estado”, y señaló a continuación que en su informe este organismo detalla los desajustes existentes en el reparto de escaños, la falta de proporcionalidad de la ley o la consagración de la desigualdad de oportunidades de unos partidos frente a otros en cada proceso electoral.