IUC denuncia a Berriel en la Fiscalía por presunto tráfico de influencias y prevaricación administrativa

La formación política denuncia también al consejero por supuestos delitos contra el medio ambiente. Pide en el Congreso una investigación oficial sobre la licitación de las obras. Los contactos de Gaspar Llamazares con la ministra de Medio Ambiente "siguen sin respuesta".

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha presentado esta semana una denuncia en la Fiscalía General del Estado, en Madrid, contra el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, por presuntos delitos contra el medio ambiente, tráfico de influencia y prevaricación administrativa en relación con el Puerto de Granadilla.

IUC apunta a presuntas ilegalidades en el proceso que ha conducido al inicio de las obras del Puerto de Granadilla. La formación progresista señala que la desprotección de los sebadales, decretada por el consejero de Medio Ambiente, se hizo a partir de un informe opuesto a tal desprotección del Servicio de Biodiversidad. Explica que el informe rechazaba la propuesta de descatalogar los sebadales, ubicados en el lugar en que se construiría el Puerto, "porque tal propuesta no se ajusta a las dos posibilidades de descatalogación que ofrece la ley -desproteger la especie o una determinada población, pero no una zona delimitada en función de criterios no naturales-".

Asimismo, en el texto de la denuncia, IUC vincula el inicio de las obras del puerto "con la finalidad de beneficiar a la unión temporal de empresas adjudicataria de las obras", y recuerda el "total oscurantismo" de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en relación a la adjudicación y financiación de las obras del puerto granadillero.

Añade IUC que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo santacrucero estimó, el pasado día 30 de enero, el recurso de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, frente a la decisión de la Autoridad Portuaria de no darles certificaciones sobre los acuerdos de adjudicación de las obras. "Entre los adjudicatarios está un empresario imputado en el caso Las Teresitas y, entre los adjudicadores, hay personas que están siendo investigadas por la Justicia en relación a una ramificación del caso Fórum Filatélico", expone la fuerza política.

En cuanto a la carta y la conversación telefónica en la que el diputado Gaspar Llamazares planteó a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, la necesidad de detener urgentemente las obras del Puerto, IUC informa de que no ha recibido "ninguna respuesta clara del Gobierno estatal a día de hoy".

Asimismo, el próximo mes de marzo se debatirá la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados que insta al Gobierno a paralizar las obras de Granadilla, "abrir una investigación oficial acerca de la legalidad del proceso de licitación de las obras y la regularidad de su financiación" y, por último, revisar "la utilidad, necesidad y oportunidad de la construcción del nuevo Puerto".