POR UNA LEY ELECTORAL JUSTA
POR EL EMPLEO DIGNO, POR UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, POR LA IGUALDAD
Los años de crecimiento económico que ahora terminan han traído beneficios históricos para las grandes empresas multinacionales del mundo. El modelo económico predominante ha favorecido el incremento de la brecha de desigualdad entre la elite económica y la inmensa mayoría de la población trabajadora. Las desbordadas tasas de beneficios multimillonarios contrastan con los índices crecientes de los niveles de pobreza de parte de la población mundial. Todo ello se ha dado en un mundo controlado por el mercado, incapaz de redistribuir la riqueza generada, que concentra en cada vez menos manos el control energético y financiero.
La situación actual de la Unión Europea ampliada está también marcada por la falta de cohesión social y fiscal, y por una política económica puesta a disposición del mercado frente a la calidad de vida de las personas. La inmigración procedente de países anquilosados en guerras y desolados por la pobreza es utilizada impunemente como mano de obra barata, sin que se reconozca a sus víctimas una mínima igualdad de derechos ciudadanos. Se renuncia sistemáticamente a impulsar políticas reales de cooperación al desarrollo de los países de origen.
El paradigma del patrón económico de la UE lo marca la Directiva del Mercado Interior de Servicios, que con la óptica liberalizadora pretende ahondar en las políticas de privatizaciones y de atomización de un sector que pretende ser dinamizado solamente a través del abaratamiento de costes laborales y la flexibilidad y movilidad de las empresas, despreciando derechos laborales y cualquier política de control de los movimientos meramente especulativos. La transposición legal de esta Directiva en nuestro país ha de realizarse durante la legislatura recién iniciada y, sin duda, marcará un proceso donde una vez más se pretenderá continuar con el recorte de derechos laborales, salariales y de seguridad en el empleo.
El modelo productivo actual de nuestro país, tras casi década y media de elevados niveles de crecimiento económico, se ha mostrado insostenible e incapaz de redistribuir de forma continuad y equilibrada la riqueza generada. Mantiene los niveles europeos más elevados en economía sumergida, en déficit comercial y en incumplimiento de los compromisos medioambientales de Kioto, así como un endeudamiento de las familias que iguala el PIB del país.
Es urgente un cambio estructural de modelo por otro que sea medioambientalmente sostenible y tecnológicamente avanzado, basado en una nueva industria limpia y el avance de la sociedad del conocimiento como eje vertebrador de nuevas políticas económicas con mayor valor añadido. Una economía tan financiarizada no sostiene expectativas de desarrollo social y económico para toda la población.
La política económica de un país democrático, moderno y avanzado sólo puede girar en torno a la prioridad del pleno empleo digno, seguro y de calidad. En nuestro país, la precariedad e incertidumbre laboral pesan sobre más de diez millones de personas. Continuamos liderando las tasas más altas de temporalidad y de siniestralidad en los puestos de trabajo.
La apuesta y coincidencia entre anteriores gobiernos de la derecha del PP y del actual Ejecutivo socialista que ahora inicia la legislatura insiste en la lógica de disminuir la presión fiscal sobre empresas y grandes fortunas, a la vez que abdica de aplicar políticas que actúen a fondo sobre la economía sumergida y el ‘dinero negro’ que circula en cantidades desorbitadas. Casi uno de cada cuatro euros forma parte del círculo del blanqueo de dinero, del fraude, de la corrupción económica y de la delincuencia de ‘cuello blanco’. La única manera de igualar los niveles de gasto social con la UE-15 es garantizar una reducción significativa de nuestra economía sumergida, así como dotarnos de un sistema fiscal justo y realmente progresivo.
Tras meses de negar la evidencia de la crisis económica por motivos electorales, las medidas de impulso a la actividad económica adoptada por el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero son fiscalmente regresivas y socialmente injustas. Pero, sobre todo, ponen de manifiesto que el Ejecutivo socialista abdica de un cambio de modelo productivo por otro más sostenible, más justo y redistributivo, que se oriente a una modernización activa de nuestra herramienta productiva en el marco de una apuesta industrial y tecnológica.
Un gobierno que se diga realmente de izquierdas y progresista tiene la obligación política de favorecer, con medidas legales y presupuestarias, la corrección de las profundas desigualdades que genera este modelo de crecimiento en los sectores sociales más desfavorecidos.
La ausente política industrial, las sucesivas privatizaciones y los insuficientes niveles de gasto en Investigación, Desarrollo e Innovación perfilan un futuro muy alejado de las necesidades presentes y futuras de nuestra sociedad. Lo que sí se favorece así son las políticas de deslocalización empresarial e industrial, con las consecuentes dramáticas e irreparables de la pérdida de empleo, como ya se está padeciendo desde el proceso inicial de la desaceleración económica y la actual crisis.
Ante el deterioro y el ataque que los servicios públicos vienen sufriendo desde distintas administraciones de nuestro país hoy es urgente reivindicar el mantenimiento y reforzamiento de su calidad. Esto debe ser así en la Sanidad, la Educación, la Justicia o la administración de Hacienda, garantizando un servicio suficiente, con recursos profesionales y técnicos que supongan una mejora global que constituya un servicio público avanzado, moderno y eficaz para la ciudadanía.
Izquierda Unida mira al futuro con objetivos de solidaridad, justicia social y laboral e igualdad entre hombres y mujeres. Izquierda Unida reivindica y reconoce el papel central que le corresponde al trabajo en la sociedad y considera que hoy es posible hacer otra política de empleo más digno para todas y todos, especialmente para millones de jóvenes y mujeres que, de no remediarlo desde la izquierda transformadora, van a ser los primeros en pagar las consecuencias de la crisis. Es posible favorecer políticas de igualdad para todos, también para los trabajadores y sus familias que vienen a buscar un empleo y unas condiciones de vida que no tienen en su país.
¡¡ VIVA EL 1º DE MAYO ¡!
