Entrevista a Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida.

Veinte años separan la designación de Cayo Lara Moya (PCE) como coordinador general de Izquierda Unida de la huelga general del 14 de diciembre de 1988 contra el Gobierno de Felipe González. El sustituto de Gaspar Llamazares se ha empeñado en que IU recupere la calle, aun a riesgo de echarse al monte. El cierre en falso de la novena asamblea federal abrió ventanas a la desconfianza por las que este manchego se asoma para agitar a las masas. Alcalde (1987-1999) de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), donde nació en 1952, Cayo Lara ha dedicado su vida a la agricultura, al sindicalismo y a la política. De su gallardía es conocedor el promotor inmobiliario Francisco Hernando, el Pocero, albañil involuntario en la construcción de su discurso contra los poderosos.

- ¿Cuáles son los efectos sociales de la crisis?

"Hay casi cuatro millones de personas en el paro, un millón que no cobra subsidio, 827.000 familias en las que no trabaja ningún miembro y cien mil expedientes de desahucio de viviendas que no se pueden pagar. Hay una legión de jóvenes con hipotecas de treinta o cuarenta años que les van a machacar la vida y hay un enriquecimiento indebido, desmesurado de un grupo de promotores, de los banqueros sin escrúpulos, que han hecho del negocio de la inversión en la economía especulativa su proyecto de vida. La consecuencia de esto será la desintegración social si no se adoptan las medidas económicas para fomentar la productividad. Que el Gobierno mire a los ojos de los trabajadores y no se fije tanto en los bolsillos de los banqueros".

- ¿Dónde está el origen de esta depresión?

"Estamos ante una crisis de civilización, una crisis profunda del sistema capitalista, con crisis económica, financiera, medioambiental, de valores humanos y alimentaria. Mil millones de personas pasan hambre en el mundo, cien millones más que la década anterior".

- ¿Qué papel debe desempeñar el Estado en la economía?

"El Estado tiene que ser garante de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras de las capas humildes de la sociedad y de que se redistribuya la riqueza con equidad. Todo eso lo dice la Constitución".

- ¿El inmovilismo social dificulta la consecución de una solución?

"El inmovilismo social permite que el peso de los poderosos sobre el Gobierno tenga más efecto que las protestas de la clase trabajadora. Es preciso que este país se movilice para contrarrestar la influencia que se ejerce desde los despachos y las moquetas".

-De su análisis se deduce que hay motivos para una huelga general, ¿o no?

"Sí, hay motivos para una huelga general, no clásica, contra los patronos, sino contra los altos poderes económicos y un Gobierno que les hace más caso a ellos que a la mayoría social. Depende de los sindicatos convocarla. Sería un toque de atención para propiciar un cambio de política. Las condiciones están creadas. Si la izquierda no ocupa la calle desde ese punto de vista, no hay ninguna duda de que lo hará la derecha".

- ¿Tanto trabajo cuesta conseguir el pleno empleo?

"Bueno, cuesta porque los especuladores no tienen altura y el sistema capitalista es depredador. Yo pienso que no es imposible. Por ejemplo, el índice medio de desempleo en Europa está en un 7% y en España ya hemos superado el 14% (el 20% en Canarias), por la propia crisis, por la ambición de los especuladores y por culpa de un desarrollo insostenible".

-¿Cómo se garantiza la transparencia financiera mundial?

"Pues, que el Banco Central Europeo no lo dirija una persona que no ha sido elegida democráticamente, que no se salte los controles públicos. Es una institución que está ahí para mantener, dicen, la inflación, que no se dispare, y contener el déficit público. Debería diferenciarse del Fondo Monetario Internacional. Y algo fundamental para que haya transparencia es suprimir de un plumazo los paraísos fiscales, para que no haya evasión de fortunas, que las empresas cumplan con su compromiso social. Y, naturalmente, una banca pública".

-¿Qué conclusiones saca usted de los resultados electorales en Galicia y el País Vasco?

"En Galicia hemos crecido, tímidamente es verdad, y la gente castigó al PSOE y al BNG porque han copiado la política caciquil de la derecha. Los electores han preferido votar al original. A partir de aquí esperamos configurar con sectores críticos que han aparecido en el BNG una plataforma política de izquierda federal. En cuanto al País Vasco, es un resultado dramático para el tripartito y nosotros nos hemos llevado una dolorosa patada. Probablemente no se ha entendido el gobierno con el PNV. Han castigado injustamente a una fuerza que ha hecho una buena política social. Desgraciadamente, la ciudadanía se ha movido por otros parámetros".

- ¿Javier Madrazo ha hecho lo correcto?

"Poner su cargo a disposición de la organización es un gesto que le honra, pero hay que ir más allá. Desde el respeto a la soberanía de Ezker Batua, conviene una reflexión sosegada. Yo he sido crítico con determinadas decisiones de IU en el País Vasco, como las concesiones al soberanismo".

- ¿Es posible combinar el reconocimiento a la diversidad, la cohesión y la solidaridad interterritorial?

"Las comunidades autónomas no tienen la tabla de salvación. Hay poca capacidad de maniobra ante la crisis. Estamos hablando de un tema gordo, del poder en Madrid, del gran poder económico que está por encima de Madrid, que es el poder internacional, y estamos hablando de que habrá que sumar posiciones políticas desde la izquierda para intentar enfrentarnos pacíficamente ante lo que es el gran poder".

- En esto de la corrupción, ¿los partidos políticos son jueces y parte?

"Pudiera ser. Sobre la corrupción en nuestro país no todo ha salido a la luz, ni mucho menos. En Izquierda Unida propugnamos una política basada en la decencia, en la honestidad y en la defensa de los intereses públicos".

- ¿Izquierda Unida es rehén del sistema electoral?

"Somos rehenes de la injusticia del PSOE y el PP, que están jugando a la democracia con las cartas marcadas, son los beneficiarios de una ley electoral injusta que nos castiga de manera extraordinaria. En esta legislatura se han quedando con 12 escaños de IU. Los grandes partidos, incluida la UCD en su tiempo, se han apropiado de 136 diputados que hubieran correspondido a Izquierda Unida en distintas fases de este periodo de treinta años. Están robando legalmente el voto de los ciudadanos, una parte de la soberanía. Confiemos en que la decencia impere en algunas de las cabezas de la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma".

- ¿Se siente partícipe, como dirigente de IU, del éxito de la paralización de las obras del puerto de Granadilla?

"Respaldo la lucha popular para evitar la destrucción de ese espacio ambiental protegido. La paralización judicial de las obras entronca con nuestro pensamiento y con las explicaciones de una parte importantísima de la ciudadanía de Tenerife. Por tanto, es un triunfo que vivimos de una manera feliz. Ya he ofrecido todo el apoyo y cobertura que podamos a nivel europeo y federal. Se ha dado un gran paso en el camino de una causa justa".

- ¿La fiscalidad de Canarias es de interés general o de beneficio particular

Las desgravaciones repercutirán positivamente en el desarrollo de las islas si se gestionan de forma productiva y no se utilizan, como parece que ocurre, para generar más beneficios empresariales. La exención extraordinaria, en un 90%, del impuesto de sociedades supondrá un ahorro de 14.000 millones de euros en cinco años, una jartada de dinero. ¿Para qué? Ha habido una excesiva inversión en el sector del ladrillo, en la economía más especulativa".